Propiedad intelectual, crecimiento y desarrollo

POR VÍCTOR MATEO VÁSQUEZ

La situación socioeconómica de América Latina, conjuntamente con la
realidad política, hace que su desarrollo sea cada vez más lento. El
tan esperado despegue de la región, se ve distante, puesto que la
falta de criterios en torno a los aspectos vitales que aseguran un
mejor futuro, no son asumidos con criterios objetivos. Es directamente
proporcional la relación existente entre fortalecimiento
gubernamental, consolidación de la democracia y el desarrollo social
de un país, pues para que exista estabilidad económica, debe darse
ciertas condiciones que garanticen bienestar a la nación.

Si los gobiernos invirtieran en concienciar a la población sobre las
grandes ventajas que existen cuando las manifestaciones culturales son
aprovechadas y explotadas en beneficio de su comunidad, la generación
de riqueza no sería asunto de preocupación. el folclore que es la
expresión artistica y creativa como los pueblos manifiestan su
cultura, es una fuente de riqueza incalculable. De hecho, muchos
países perciben ingresos a través de explotación de su cultura.
Colombia y sus demandadas mochilas artesanales es el mejor ejemplo.

Asimismo, un aspecto importante que ha tenido predominio en la
economía global, es la biotecnología, la cual es concebida como
aquella área o disciplina que procura aprovechar los sistemas
biológicos y organismos vivos, que puede ser aplicada en la industria
agrícola, farmacéutica, médica y medioambiental, con la finalidad
de crear o modificar productos o procesos para usos específicos.
América Latina tiene un gran potencial para desarrollar la citada
disciplina, pero para eso precisa de políticas y acuerdos regionales
que procuren la efectiva protección y el incentivo necesario para
lograrlo.

En Brasil, por ejemplo, la Propiedad Intelectual ha experimentado
cambios profundos, tal y como lo hace constar el informe de la
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), en su
estudio titulado El uso de la Propiedad Intelectual en Brasil, 2014,
en cuya publicación se describen las tendencias de la utilización de
dicha materia. Su avance es innegable. Fue allí donde se creó el
Área de Asesoría Económica, con la misión de conducir estudios
económicos sobre el impacto de la Propiedad Intelectual y para
contribuir con el Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual de
Brasil (INPI), en la formulación de políticas de desarrollo
económico. Políticas públicas que en la gente.

El impacto que otras naciones han evidenciado a nivel de progreso y
desarrollo de sus sociedades vía la biotecnología, en cuanto a
empleos, capacitación de nuevos técnicos y nuevas fuentes de
ingresos económicos, podría ser el de Latinoamérica, pero a través
de políticas públicas bien pensadas. Es preocupante la poca
información que recibe la gente sobre estos temas. A pesar de su
importancia, una similitud que poseen los países de la región es la
ignorancia respecto a sus prerrogativas sobre sus creaciones
artísticas, literarias, en fin, intelectuales.

La protección a la Propiedad Intelectual incide de manera directa en
el desarrollo social y económico de las naciones latinoamericanas, ya
que a través de la seguridad jurídica en la materia, se puede captar
inversiones, generar empleos, incentivar la economía y

fortalecer aspectos culturales que luego podrían ser explotados a
favor de la comunidad. En República Dominicana se ha avanzado, pero se
puede hacer mucho más.

El autor es: Abogado y profesor universitario

Unión Europea y su vínculo en la formación de igualdad de género en República Dominicana.


Johanna Benoit


PERIODISMO360RD.- República Dominicana registra números azules en cuanto a desarrollo educativo y económico, al igual que en áreas de la salud, la seguridad social, la política y las comunicaciones. Pero, en torno a la igualdad de género no ha logrado alcanzar los objetivos que permitan impregnar en la sociedad una verdadera cultura de equidad y derechos en todos los estamentos sociales.


Actualmente la desigualdad de género conlleva terribles consecuencias: víctimas mortales de violencia, lo que provoca daños a la salud, a la integridad física y moral; abandono del hogar, entorpecer el entorno laborar, es decir, serias dificultades en un escenario que definitivamente detiene el libre ejercicio de sus derechos humanos.


Datos oficiales
Y esa desigualdad se traduce en cifras de muertes de mujeres, alarmantes en el país. Según la Procuraduría General de la República (PGR), 1,418 mujeres fueron asesinadas desde el año 2005 al 2019, por sus parejas o ex parejas, convirtiéndose en tendencia anual. Los casos, cada vez más escabrosos, consternan a la sociedad.


La primera iniciativa para fomentar la igualdad de género ocurrió en los primeros años de la década de los 80. Diecisiete años después se crea la Secretaria de Estado de la Mujer, pero no es hasta la modificación de la Carta Magna en el año 2010 cuando el tema de género adquiere ribetes constitucionales en materia de derechos.


Por lo tanto, es tarea pendiente cerrar la brecha que ha afectado el engranaje social en materia de género, a pesar de que existe una institución que tiene en su radio de acción la responsabilidad de implementar políticas en esa línea para alcanza el cumplimiento de la igualdad y equidad, establecidas en el artículo 39 de la Constitución, al igual que lo dispuesto en la Ley No. 86-99 que crea el Ministerio de la Mujer, entidad cimentada en el decreto número 46 del 17 de agosto de 1982.

Cambios
La marcada lentitud en la promoción, implementación y aplicación de políticas de género del aparato estatal, ha causado un problema social que va desde la violencia de género a la discriminación laboral, la poca participación de la mujer en los procesos políticos, toma de decisiones, así como en el plano productivo y económico.


Debido a esto, organizaciones nacionales e internacionales comprometidas con el desarrollo de políticas de igualdad de género centran su atención en la agenda nacional; tal es el caso de la Unión Europea (UE), que desde el año 1991 mantiene una excelente relación con el país, permitiendo recibir una cooperación económica de más de mil millones de euros.


Aportes de la Unión Europea
Según la oficial de programas de la delegación Unión Europea en el país, Orlidy Inoa Lázala, actualmente la organización implementael Plan de Acción de Género II 2016-2020, en el que se destaca la necesidad de conseguir plenamente el disfrute íntegro y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de mujeres y niñas.


Inoa Lazala, indicóque se implementael programa deCoordinación en la Prevención de la Violencia de Género, en línea con losObjetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), así como el apoyo presupuestario al Ministerio de la Mujer con una dotación de cinco millones de euros, monto sin precedentes destinado al ámbito de la prevención.


La oficial de UE detalló que además facilitan soporte técnico y económico a instituciones educativas, organizaciones sin fines de lucro, entre las cuales se destacan; Universidad Isa, Save The Charren RD, Profamilia, Red Iberoamericana de Personas con Discapacidad Física RD, con quienes colaboran en la promoción en temas de igualdad de género.

En Santiago
Una de las primeras organizaciones sin fines de lucro que recibieron respaldo de la UE en la tarea de visibilizar derechos, fue El Núcleo de Apoyo a la Mujer (NAM), entidad que labra en Santiago desde el año 1987, promoviendo el desmonte de la cultura patriarcal, en sus prácticas sociales y cotidianas; así como las acciones para enfrentar la violencia hacia las mujeres y las minorías. En más de tres décadas, el NAM ha trabajado desde la educación, investigación, comunicación, el servicio y la coordinación intersectorial.


La directora ejecutiva del NAM Manuela Vargas, destacó que gracias al aporte de la UE se han formado jueces, fiscales, orientadores, psicólogos, policías, guardias, adolescentes y actores comunitarios. “En estos momentos estamos trabajando de manera conjunta en un proyecto en la región Sur del país para la prevención matrimonio infantil”, aseguró.


Entre las primeras provincias del Sur dominicano que serán impactadas con el proyecto “Niñas No Esposas” está San Juan de la Maguana y Elías Piña, donde se registran altos niveles de pobreza y limitadas oportunidades de formación para el desarrollo y empoderamiento de niñas y adolescentes, quienes son las más afectadas.


Datos suministrados por el NAM,los fondos aportados por la Unión Europea para fortalecer las organizaciones y trabajar con actores comunitarios ascienden a un monto de 643 mil 474,52 euros.


Otras de las instituciones que recibe respaldo económico es el Ministerio de la Mujer. Según la ministra Janet Camilo, la UE es un gran aliado de la institución pública. “Actualmente somos beneficiarios del Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública (PARAP II). Que tiene como objetivo general, contribuir al fortalecimiento de la gobernanza democrática, la cohesión social y territorial y la modernización del Estado en la República Dominicana, mediante la asistencia técnica de largo, mediano y corto plazo. De este programa hemos recibido apoyo presupuestario directo en el período 2018-2020 por RD$8,500, 000.00¨, informó la funcionaria.

Camilo manifestó que recientemente se incorporó a EUROsociAL+, un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de desigualdades, mejorar los niveles de cohesión social y el fortalecimiento institucional en 19 países latinoamericanos, mediante el apoyo a procesos de diseño, reforma e implementación de políticas públicas, focalizando su acción en las áreas de igualdad de género, gobernanza democrática y políticas sociales.


De igual manera, mediante su equipo de profesionales, la UE ha consagrado sus esfuerzos en el país a través de cursos y talleres para sensibilizar aciudadanos y ciudadanas sobre el daño psicológico y social que la desigualdad genera en las comunidades. Además, ha fortalecido las debilidades de las políticas públicas en lo relacionado a la equidad de género y otros temas de interés nacional. 


Un desafío latente
De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la desigualdad de género afecta el desarrollo humano en un 44% en el país. Por esta razón, es preocupación para la UE erradicar los niveles de desigualdad entre hombres y mujeres, al tratarse de un valor esencial para la convivencia de los pueblos.


Una iniciativa trunca para promover la igualdad de género es la Orden Departamental 33-2019 del Ministerio de Educación, promulgada en el año 2019, la cual fue dejada sin efecto tras generar enfrentamientos entre grupos religiosos, asociaciones educativas y representantes de la sociedad civil.

Estudios realizados
Según el Informe Nacional Voluntario, presentado por República Dominicana ante el Foro Político de Alto Nivel sobre el Desarrollo Sostenible en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York en el año 2018, en el país el 25% de las mujeres ha sufrido violencia física en la adultez y un 31% de las mujeres ha sufrido violencia emocional. A eso se le suma la alta incidencia de las uniones tempranas: cerca de 28% en adolescentes entre 15 y 19 años, 11% antes de los 15 años.


El informe establece que el 36% de las mujeres entre 20 y 24 años dijeron haber estado unidas o casadas antes de los 18 años por lo que las uniones tempranas están asociadas a los embarazos en la adolescencia.
No obstante, la Unión Europea ha enfocado sus esfuerzos en orientar y educar sobre perspectiva de género que contribuya a la reflexión de las raíces de las desigualdades de género que son en su mayoría un problema cultural.


Todas estas acciones forman parte de lo establecido en la Agenda 2030 formulada por Naciones Unidas específicamente lo indicado en el Objetivo 5 que instruye a desarrollar acciones concretas que contribuyan a reducir las desigualdades de género, la discriminación y la violencia contra las mujeres.


En esa línea, la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, puntualiza el fortalecimiento, prevención y sanción de la violencia intrafamiliar y de género mediante la colaboración institucional público-privada, con base en protocolos de actuación que aseguren una iniciativa global e integral frente a la violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes.


De igual modose centra en la concienciación sobre la igualdad de derechos y la equidad de género para construir una imagen revalorizada del aporte de la mujer a la economía y la sociedad que supere los estereotipos tradicionalmente asignados a hombre y mujeres, utilizando espacios y actividades desarrollados por escuelas, gobiernos municipales y organizaciones de la sociedad civil.

Recomendaciones
República Dominicana adolece de una cultura en igualdad de género. A la luz del siglo XXI, ser mujer no puede seguir siendo causa de muerte y discriminación en el país ni en el mundo.


Se necesita un esfuerzo mucho mayor para abordar los patrones de violencia que afectan a la sociedad. Promover la igualdad de género es un objetivo fundamental para disminuir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes.


La violencia de género causa números inaceptables de víctimas mortales. Se hace necesario abordar las causas estructurales de la desigualdad. Hemos avanzado, pero hace falta más conciencia en todos los sectores sociales.


De igual manera es necesario hacer una práctica constante de la promoción de los derechos humanos universales. Y garantizar la seguridad, el bienestar y los derechos de las personas en riesgo de violencia de género. Que desde el Estado y la clase política se salte de las palabras a la acción.


Otras tareas es priorizar la prevención, contrarrestando el imaginario machista y la cultura patriarcal en todos los ámbitos, especialmente en las escuelas, y educando en una nueva masculinidad a fin de desmontar progresivamente los viejos estereotipos que perpetúan la desigualdad entre hombres y mujeres. Está claro que esa desigualdad está detrás de la violencia de género en todas sus manifestaciones.


Urge fortalecer las áreas de salud, seguridad y educación a través de políticas de prevención y respuesta de esos sectores, así como también educar y empoderar a los representantes de medios de comunicación que juegan un rol importante en la difusión de informaciones.


Un país se construye en base a derechos y equidad. Estamos en la marcha. La igualdad de género es una tarea humana, un pendiente social.

Extralimitación de competencias municipales

POR VÍCTOR MATEO VÁSQUEZ

Desde que el Estado decidió el confinamiento, diversos municipios han
declarado Estado de Emergencia en sus respectivas comunidades. Nada
más incorrecto. Tanto los Alcaldes como los Concejos Municipales se
están extralimitando en sus atribuciones. Para ser más claro, tratan
de usurpar una facultad que no les corresponde. Es decir, la
Constitución, ni la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios,
que son en ese mismo orden, normas jerárquicas en la materia, le
otorgan esa potestad.

El artículo 6 de nuestra Ley de leyes, aborda lo relativo a la
supremacía de la Constitución, indicando que “todas las personas y los
órganos que ejercen potestades públicas están sujetos a la
Constitución, norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico
del Estado. Son nulos de pleno derecho toda ley, decreto, resolución,
reglamento o acto contrarios a esta Constitución”; esto quiere decir
que cualquier acto de parte de un ayuntamiento en este sentido es
inconstitucional e ilegal, carente de base legal. Para quienes se les
olvida y pretenden pensar que República Dominicana es un estado
federal, el artículo 7 del citado texto constitucional, bien define
que el país asume forma de República unitaria como organización
estatal. Y tampoco sería el caso.

La misma Ley Sustantiva en sus artículos 199  hasta el 202, aborda lo
referente al régimen de los municipios, pero no le otorga facultades
constitucionales para que los gobiernos locales usurpen lo que si
corresponde al Poder Ejecutivo, en coordinación y bajo autorización
del Legislativo: declarar el Estado de Emergencia. Es bien explícito
el 262 de dicha norma cuando indica que el Presidente de la República,
con la autorización del Congreso Nacional, podrá declarar los estados
de excepción en sus tres modalidades: Estado de Defensa, Estado de
Conmoción Interior y Estado de Emergencia, el que actualmente se
aplica.

Entonces, ¿cómo se explica que algunas autoridades municipales
desconozcan lo que si pueden o no hacer? La respuesta es sencilla:
ignorancia de la ley, prevaricación y desprecio hacia la Constitución.
Ese accionar no es más que un acto de arbitrariedad, ni siquiera puede
ser considerado como pura discrecionalidad. La norma que les ampara,
es decir, la Ley 176-07 del Distrito Nacional y los Municipios, como
se dijo al inicio, no les otorga a ninguno de los dos órganos que
integran los ayuntamientos, tales facultades.

En tal sentido, Margarita Beladiez Rojo, sobre la vinculación de la
administración al derecho, citada por el destacado municipalista
dominicano, Julián Roa, en su recién impreso texto Tratado de Derecho
Municipal Dominicano, sostiene que vinculación positiva quiere decir
que, “todo órgano público ejerce el poder para el cual la ley le ha
definido previamente, en la medida tasada por la ley, mediante el
procedimiento y las condiciones que la propia ley establece”. La
Administración no puede realizar ninguna actividad si no existe norma
previa que específicamente la habilite para ello, indica la
profesional. Asimismo, el autor menciona al jurista Fernández
Rodríguez, quien entiende que “toda actuación del poder debe tener
adecuada cobertura en una ley previa”.

En fin, el artículo 9 de la 176-07 reconoce claramente que los
ayuntamientos se regirán por las disposiciones establecidas en la
Constitución de la República, por la presente ley y por las demás
leyes y reglamentos que les sean conexos. Ni el artículo 1, 2, tampoco
el 4, 5, 8 18, mucho menos el 19, de la misma norma, les faculta para
declarar estados de excepción. No se sujeta a lo planteado por el
Principio de Legalidad, por lo que su accionar es preocupante. Para
quienes procuran un mejor país, ignorarlo es imposible.

El autor es: Abogado y catedrático

Alianzas público-privadas para el desarrollo

POR VÍCTOR MATEO VÁSQUEZ

Es mucho lo que se debate desde hace décadas, sobre todo desde
principios del siglo XXI, en agendas internacionales de desarrollo en
procura de que los países que se han comprometido en diversos
escenarios del mundo también el nuestro- a mejorar la calidad de vida
de su entorno y del planeta, logren sus objetivos.

Según lo plantea un documento del Ministerio de Economía,
Planificación y Desarrollo (MEPyD), denominado Las Alianzas
Público-Privadas para el Desarrollo Sostenible: una apuesta de impulso
al Desarrollo de la República Dominicana, los Objetivos de Desarrollo
del Milenio (ODM) marcaron la pauta a seguir por los diversos países
hacia el logro de nuevas metas para mejorar la vida de la Humanidad. A
estos le siguieron las agendas de financiación para el desarrollo,
definidas en Doha 2001, Monterrey 2002 y Addis Abeba 2015; la agenda
de la eficacia del desarrollo, con las declaraciones de París 2005,
Accra 2008 y Busán 2011; la Alianza Global para la Cooperación
Eficaz 2012; la Agenda Internacional del Cambio Climático (COP21)
2015; y finalmente, la Agenda 2030 con los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ODS), aprobados en 2015.

En palabras del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su texto
Asociaciones público-privadas para la prestación de servicios: una
visión hacia el futuro (2011), a partir de dos décadas exitosas de
experiencia con asociaciones público-privadas (APP) en otras regiones
del planeta (Europa y Asia), América Latina empezó a interesarse por
sus ventajas para la provisión de infraestructura y servicios
públicos de manera integral.En virtud de la incorporación del sector
privado, la región ha podido poner en marcha nuevos y novedosos
modelos financieros, cuyo diseño, operación y mantenimiento han
arrojado resultados positivos para las economías.

Por su lado, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), la define como un “acuerdo entre el gobierno y uno
o más socios privados (que puede incluir operadores y financiadores)
bajo el cual los socios privados proveen un servicio de manera tal que
los objetivos de provisión de servicios del gobierno se encuentren
alineados con los objetivos de obtención de utilidad del sector
privado y donde la efectividad depende de una adecuada transferencia
de riesgos del sector privado (OCDE, 2008).

Los beneficios que se alcanzan a través de estas alianzas entre los
dos sectores vitales para el desarrollo de una nación, son
incalculables. Siempre será importante para un Estado ser aliado del
sector privado, pues son quienes transfieren sus recursos a los fines
de tributar; lo mismo sucede con el sector privado, sin las
facilidades que puede crear el Estado para su entorno es casi
imposible prosperar. Y es que hay un factor importante para todos:
seguridad jurídica.

Por último, vale la pena mencionar un gran hito para el país al ser
promulgada la Ley de Alianzas público-privadas, número 47-20. Un texto
que considera que la experiencia internacional en alianzas
público-privadas permite enfrentar de manera más oportuna las
limitaciones presupuestarias tradicionales al promover la ejecución y
la operación de las obras y servicios por parte del sector privado.

¡Enhorabuena!

EL AUTOR ES: ABOGADO Y CATEDRÁTICO